DOCUMENTO INDIGENA
Derechos Humanos para los Pueblos Originarios
Al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
A la sociedad argentina
Al Estado Argentino
Al gobierno Federal y los gobiernos provinciales
A la sociedad argentina
A los hermanos y hermanas de los Pueblos Originarios en Argentina:
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Representantes de Pueblos y Comunidades Indígenas del país, nos reunimos convocados por el Consejo Plurinacional Indígena en la ciudad de Buenos Aires, los días 18 y 19 de noviembre de 2012 y elaboramos la presente posición:
Asumimos que nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. “Memoria, Justicia y Reparación” son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas. Nuestra realidad es un tema de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales. Evita debatir sobre derechos y profundiza su política económica basada en la industria extractiva. Como consecuencia directa de esto, en los últimos 3 años, casi una decena de hermanos indígenas fueron asesinados por fuerzas policiales por oponerse al avance de la soja y la industria extractiva, sobre territorios ancestrales de esos pueblos.
Más de mil líderes indígenas y campesinos en todo el país están siendo judicializados y procesados por defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas y el agro negocio de la soja, y es extremadamente preocupante la continua represión en contra de líderes indígenas y del campo popular en casi todo el país.
Si bien el argumento que utiliza el gobiernos es la responsabilidad de los Estados provinciales en estos conflictos, la alianza de Cristina con lo peor de los gobiernos represores: Gildo Insfran, Gioja, Sapag, Insfran, Beder Herrera, es indiscutible.
¡Sí al Agua, No a la industria extractiva!
El saqueo y la contaminación que producen la Megaminería y la explotación hidrocarburífera destruyen nuestros territorios. Las explosiones de toneladas de roca y la diseminación del polvo por medio de los vientos, produce lo que se llama “lluvia ácida”. A su vez, se manifiesta la contaminación de los cursos de agua cercanos y las enfermedades, como cáncer, de nuestros hermanos. El aumento de la explotación minera aumentó de más un de un mil por ciento en los últimos años. La presidenta misma se reunió con una de las más grandes y cuestionadas compañías mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold, responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama, ubicada en los límites de Chile y Argentina. Planea entrar en producción en el 2013. Trabajará a cielo abierto y para ello según los estudios de impacto ambiental, provocará deshielos de los glaciares existentes en el área, contaminará ríos y napas acuáticas subterráneas.
De la misma manera, la explotación hidrocarburifera y su carga mortal, tiene un nuevo nombre hoy: Frabcking. Una nueva técnica de agujerar nuestro territorio y descargar explosiones en busca del gas no-convencional. En todos estos casos la opinión ciudadana no es tenida en cuenta, actuando el Estado con toda impunidad. En los lugares donde se encuentran estas empresas, los pueblos y vecinos se movilizan contra el enorme daño a la madre tierra, a la salud de la población, el agua y el nulo beneficio que las minas nos dejan. A modo de ejemplo, el relator de las ONU visitó la comunidad de Salinas Grandes en Jujuy, por la explotación del Litio que afecta a comunidades del pueblo Kolla y denunciaron la inconsulta explotación en sus territorios.
Nosotros, entonces, decimos ¡NO
a este modelo! No al “progreso” que se basa en destrucción y muerte. No al
modelo que nos despoja de nuestros territorios y no permiten desarrollar Planes de Vida, Kvme Felen o el Sumaj Kawsay, Sumaj Kamaña o ShotoTayte Anen, Inanbi
Atey (Warpe), Jeiko Pora (Mbya), Nkalaxa, Onai Dakatoiak (Qom), (Pilaga),
N’otamsek (wichi), Buen Vivir de
nuestras comunidades.
Proyecto sobre la Propiedad Comunitaria Indígena en el nuevo Código Civil
El Congreso Nacional va aprobar este año un nuevo Código Civil. Más allá de la propaganda sobre la
inclusión de nuestros derechos y del respeto a la diversidad cultural en el
nuevo CC, lo concreto es que atenta contra la base de nuestro desarrollo
cultural que son nuestros territorios y derechos fundamentales que no fueron
tomados en cuenta al momento de pretender incluirnos. Por esa razón los Pueblos
Originarios del país estamos en alerta y movilización porque los siguientes
derechos NO serán incluidos en el
texto a aprobar:
·
Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar
a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando
se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de
pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del título V en el anteproyecto
de ley, se realizó sin ningún tipo de consulta.
·
Personería de Derecho
Público:
No hay señales de que el congreso haya escuchado la voz casi unánime de las
comunidades y pueblos originarios que en todas las audiencias rechazaron este
nuevo código, porque manipula nuestros derechos. Aun las mismas organizaciones
aliadas de la política gubernamental han apoyado la demanda de personería de
derecho público para las comunidades y los pueblos como única garantía de
vivir en libertad en relación a nuestra cultura y territorios. A pesar de este
clamor, hay evidencia de que no se incorporara este derecho en el nuevo código
civil.
Consentimiento previo e informado: Se han realizado decenas de
audiencias públicas en el país, convocadas por la bicameral a cargo de la
discusión del anteproyecto de reforma del CC. Estas audiencias no tienen efecto
vinculante. Se eludió la obligación estatal de aplicar la consulta como
mecanismo para obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de las comunidades
de los Pueblos Originario. El estado nacional a través del INAI y de su
presidente ha reafirmado que está dispuesto a reconocer la consulta, pero no a
reconocer el consentimiento como derecho, porque “… interfiere o condiciona el
diseño o modelo económico del país…”
La posición de las organizaciones y
comunidades indígenas en todo el país ha sido casi unánime sobre la
inconstitucionalidad de la inclusión de la propiedad Comunitaria en esta
reforma. Y también hemos sido claro sobre la necesidad de suprimir el titulo
sobre Propiedad Comunitaria en el actual Código a aprobarse y que dicho tema
sea fruto de una Ley Especial, que se debe debatir con participación y consulta
previa a los Pueblos Indígenas.
Hasta que se debata y se dicte esa Ley
especial, se aplicaran las normas constitucionales y de los tratados
internacionales, en las condiciones de su vigencia, de conformidad con los art.
31 y 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional.
El Plan Estratégico Agro-alimentario: La presidenta Cristina Fernández presentó en octubre del 2011 un Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario por diez años. Producirá hacia el año 2020 un aumento del 50 % de la producción que actualmente está sobre 100 millones de toneladas de granos. En su informe no mencionó específicamente cómo se va a llegar a ese espectacular aumento de producción. Sí afirma que se avanzara sobre 9 millones de tierras más para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria –vital para los Pueblos Originarios y campesinos y también para la población en general–. En estos momentos son las empresas las que deciden que tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción (sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos).
Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, desmonte, contaminación y desplazamiento de población.
Ataque a nuestra soberanía alimentaria: La nueva ley de semillas impulsada desde el gobierno nacional viene a profundizar el actual modelo productivo basado en el agronegocio, la biotecnología y el monocultivo. Es decir, el Estado está más preocupado por complacer a las corporaciones internacionales, como Monsanto, y al modelo productivo envenenador y de desposesión de territorios y bienes comunes. En Argentina, por ejemplo, se utilizan, aproximadamente, 200 millones de litros de glifosato por año, un potente agrotóxico que puede llegar a matar directamente a una persona.
El
desarrollo del modelo, a su vez, lleva a producir 18.000.000 de hectáreas de
soja forrajera destinada en más del 90% de ella a la exportación para alimentar
los animales de Europa y Asia. En este contexto de destrucción de los ambientes
naturales y de los territorios, las empresas y el Estado, mediante la
patentización de las semillas, lejos de proteger los conocimientos tradicionales
y ancestrales, fomentan la privatización de los saberes y originan una
“agricultura sin agricultores”. De esta manera, para las organizaciones
originarias y campesinas, el modelo es un ataque a nuestra soberanía
alimentaria porque afecta la producción de alimentos en armonía y respeto con
el ambiente y la salud.
Muertos de la democracia:
Este modelo que nos exigen
defender, ha dejado casi una decena de muertos en nuestros territorios.
Mártires de nuestra causa sin nombre ni apellidos, sin culpables, sin condenas.
Porque así somos de invisibles. Néstor Kirchner quedo consternado, por lo
que se considera la muerte del primer militante social en su etapa de gobierno,
perteneciente al Partido Obrero. ¿Quien demuestra dolor, indignación,
consternación o al menos la curiosidad de quienes son nuestros muertos? Y
son muertos de esta gestión. De estos últimos 3 años… ¿Como decirle a nuestras
familias que somos parte de este país y de esta democracia?
Queremos decirle a:
·
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán).
Asesinado el 12 de octubre de 2009.
·
Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo
de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años,
dos hijos.
·
Esperanza Nieva: Abuela Diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán). Muerta a
golpes de manera violenta en su propia casa, en proceso de luchas y reclamos
territoriales y luego de participar de la histórica Marcha Indígena del
Bicentenario.
·
Roberto López, Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera , de Formosa).
Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2011. La
comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde
1995, diecisiete años en el
poder.
·
Mario López, dirigente del pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa).
Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando
se dirigía hacia la comunidad La
Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia
denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente sino un atentado.
·
Mártires López, histórico y activo dirigente Qom de la Unión Campesina de
Chaco y de la
Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de
2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad
de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron
una causa en la que denuncian “homicidio”.
·
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San
Antonio, norte de la provincia.
·
Miguel Galván. Asesinado el 10 de octubre de 2012. Queremos decirle… que la muerte de Uds. no ha sido en
vano, sino que los tenemos presentes en nuestras luchas de cada día y
lograremos que se haga justicia con sus asesinos. Y reivindicaremos también los
derechos humanos colectivos de los pueblos originarios que hasta ahora han sido
negados.
Ley Antiterrorista
Para terminar el año 2011, el gobierno de Cristina Fernández estrenó un nuevo congreso con mayoría absoluta, los legisladores oficialistas votaron a la medianoche, casi sin discusión y con una verticalidad sorprendente, una ley muy controvertida y contradictoria enviadas por el Poder Ejecutivo; la ley Antiterrorista
Un proyecto que casi nadie conocía, causó mucha sorpresa pues en Argentina no existe el terrorismo. A pesar de su discurso anti hegemónico, el gobierno cedió ante la presión del GAFI, Grupo de Acción Financiero Internacional, (GAFI) como condición “para considerar a Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas”. Sin definir lo que es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley, el Congreso aceleró el tratamiento por la madrugada e inclusive distorsionó el eje central de la ley al mencionarla como “Ley en contra del lavado de dinero”. Para tal efecto se modificó el Código Penal y en algunos de sus párrafos menciona al “derecho del estado a reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes lo financien”. Así, incorpora una nueva agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno de abstenerse de tomar determinada decisión” (…).
Algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicará a las protestas sociales. Para los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que rechazaron esta ley, implica agravar la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por sus derechos y aquellos que apoyan, generando las condiciones para la criminalización de la protesta.” Para el reconocido juez de la Corte Suprema de Justicia Dr. Raul Zaffaroni, esta ley “…es un disparate, una extorsión “ (…) El GAFI se toma atribuciones que no le corresponden”, expresó.
Las Leyes que sólo quedan en el papel
La ley de Protección de los Bosques, una ley defendida por las luchas y las asambleas ambientales y las comunidades indígenas, no se aplica con rigor. En ese sentido, denunciamos los sistemáticos desmontes avalados por los gobiernos provinciales para “preparar el terreno” a la producción de soja transgénica y tiene su correlato en el despojamiento de territorios de las familias indígenas y campesinas.
La Ley de Emergencia Territorial (26.160 del año 2006) ley demandada por los Pueblos Indígenas y cuya prorroga finaliza el año que viene, suspende el desalojo de sus territorios ancestrales y decreta hacer un relevamiento de los mismos. Esto no se cumple y decenas de comunidades son desalojadas y otras se encuentran en permanente amenaza. Desde la Auditoria General de la Nación (AGN) se ha denunciado corrupción y gastos sin rendir en la administración de este Programa.
Por otra parte, el nivel de desnutrición en las comunidades, sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy es crítico: niños y ancianos mueren por falta de alimentación. A su vez, se detectan enfermedades que se consideran erradicadas como ejemplo como tuberculosis, chagas y dengue.
Intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones
El gobierno de Cristina Fernández se ha negado sistemáticamente a discutir políticas públicas con los pueblos originarios. Es irritante e inaceptable la intromisión en la política interna de las organizaciones de los Pueblos Originarios por parte del estado
a través del Instituto de Asuntos Indígenas, INAI y la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente Nacional.
La creación y participación indígena en la ejecución de políticas indígenas en el Estado, ha sido una demanda de los Pueblos Indígenas desde que nos reunimos con Nestor Kirchner en el 2004. Lo que debería ser un avance político, se ha devaluado corrompido al punto que solo son espacios para intervenir y buscar quebrar o fragmentar a organizaciones que tradicionalmente estaban unidas, en pro de mantener acallada la voz indígena a cambio de favores económicos.
Otro tema muy importante es la polarización de los medios de comunicación entre la derecha tradicional y los medios afines al gobierno. En definitiva, los pueblos originarios, los campesinos o trabajadores que mantienen una posición crítica o en defensas de sus derechos, se les niega el espacio de participación para visibilizar sus posiciones y propuestas. Y quedamos entrampados entre el monopolio empresarial y el monopolio gubernamental cuando se habla de comunicación.
En conclusión, sostenemos que en una verdadera democracia se trabajaría para reconocer y solucionar todas estas problemáticas. La agenda presentada con motivo de la Marcha Indígena por el Bicentenario aún espera una respuesta a favor de la justicia para los pueblos originarios y no políticas que favorezcan al modelo agro-minero y a la explotación irresponsable de los mal llamados “recursos naturales”.|
Por estas razones, los Pueblos Originarios necesitamos encontrar una respuesta a nuestras propuestas y estamos dispuestos a recomenzar un diálogo que tenga significado e impacto positivo en la vida de nuestros pueblos. No vamos a renunciar a derechos ganados en décadas de lucha que han costado la vida de nuestros ancestros y no vamos a permitir que haya un sólo muerto más por este modelo!.
Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe –
Muranta!!!
BsAs, 18 de
Noviembre de 2012
-Elias Maripan REGION SUR
-Paz Argentina Quiroga REGION CUYO
-David Sarapura REGION NORTE
-Nestor Juan Angel REGION CHACO
-Juan Carlos Ramirez REGION NEA
(…siguen
firmas de todas las Autoridades Tradicionales y representantes de comunidades y
naciones originarias de todo el país presentes…)
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