lunes, 10 de diciembre de 2012

COMUNIDAD LULE SOLICITA INTERVENCIÓN HUMANITARIA A DIPUTADOS Y SENADORES ANTE AGRESIONES, AMENAZAS.....


 COMUNIDAD  INDÍGENA  EL  NOGALITO – PUEBLO  LOS  LULE
Inscripta  en   Registro  Nacional  de  Comunidades  Indígenas  (Re.  Na.  C. I). Resol.  Nº  006/03
Ruta  Nº  341  Km.  41   Depto.  Lules,   Tucumán - C.P. 4.105 -El Nogalito- Tel. 0381-154766734

El Nogalito, 07 de Diciembre de 2012


SEÑORES:
SENADORES Y DIPUTADOS- REPÚBLICA ARGENTINA Y A QUIEN CORRESPONDA
S__/__D

REF: FORMULO DENUNCIA. SOLICITO INTERVENCIÓN HUMANITARIA

De mi mayor consideración:
                       
                        MANUEL JOAQUÍN PEREZ, argentino, mayor de edad, DNI: 22.534.924, con domicilio real en El Nogalito, ruta N° 341, Km. 41, departamento Lules, Provincia de Tucumán, en mi carácter  de Delegado ante el C. P. I - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Cacique General de la Comunidad El Nogalito del Pueblo Originario los Lule, de P. J. Jurídica Resolución INAI N° 006/03, me dirijo a Usted, a los efectos de manifestar lo siguiente:

                        1.- Que vengo a formular denuncia por violación de los derechos humanos de los miembros de la Comunidad Indígena que represento y sus dirigentes, en contra de un ARCE CARLOS FLORENCIO, ARCE LUCIA DOLORES, PEREZ JUAN CARLOS /A/ PECHO, DIAZ PEDRO BENJAMÍN, PEREZ GRISELDA, PEREZ CARMEN, DIAZ NOEMI, ORLANDO PEREZ /A/ NEGRO DE PECHO, ARCE CESAR ANGEL, DIAZ GREGORIO, ARCE DIEGO ARIEL, ARCE PRÓSPERO TRISTAN, ARCE OSVALDA, ARCE RAFAEL y PEREZ IVANA YANET LUCIA, todos con domicilio real en El Nogalito, ruta N° 341, Km. 41, departamento Lules, solicitando vuestra intervención humanitaria en procura de protección de los derechos humanos enumerados en el art. 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el art. 149 de la Constitución Provincial y legislación concordante, solicitando se dé trámite a las presentes actuaciones dentro del marco de competencia de la Dirección a vuestro cargo, todo según las consideraciones que se exponen a continuación:

                        En el marco de la lucha y resistencia pacífica que llevamos adelante hace años, para proteger la posesión ancestral y tenencia de las tierras ejercida por familias de la comunidad descendientes de nuestros primitivos, es que de un tiempo a esta parte un grupo de personas han procedido a cometer toda una serie de hechos ilícitos en contra mi persona como Cacique, de dirigentes y comuneros, los cuales van desde el daño intencional, robo, amenazas de muertes, agresiones físicas, hasta tentativa de homicidio, entre otros delitos, ya denunciados por esta comunidad ante autoridades competentes.

                        Lamentablemente los denunciados son un grupo de personas, quebradas e impulsadas por terceros, que viven en propiedad privada, algunos de los cuales han sido integrantes de la comunidad, y fueron expulsados mediante asamblea comunitaria, por cometer actos vandálicos en contra de esta Comunidad Indígena y sus autoridades. Este grupo procede de manera violenta con el solo fin de adueñarse de un terreno y una vivienda construida en el terreno comunitario que colinda en los siguientes linderos: Norte: Rio Grande, al Sur: Camino Vecinal y propiedad de los nombrados arce, al Este: Ruta N°341 y al Oeste: parcela de mayor extensión de propiedad indígena. Para los hechos ilícitos usan a sus propios hijos menores de edad para escudarse y enseñarles  a robar, amenazar y agredir a los dirigentes de la comunidad.   
                        El día 20 de Septiembre de 2012, se llevó a cabo la inspección ocular por parte del Juez de Paz de San Isidro de Lules sobre un terreno de propiedad comunitaria, en el marco de la causa caratulada: Arce Carlos Florencio C/ Pérez Manuel Joaquín S/ Amparo a la Simple Tenencia. En la inspección ocular, se pudo constatar, una vivienda con acopio de materiales de construcción, caño manguera que alimenta el agua a la vivienda, apachetas, alambrados, etc., todo de pertenencia de la misma comunidad. El mencionado amparo, deducido por Arce, fue rechazado. Luego de la resolución emitida por el Sr. Juez de Paz, los miembros de la familia Arce y otros, no tardaron en irrumpir violentamente contra la propiedad comunitaria sustrayendo postes, alambres, carteles, torniquetas, caño manguera, etc.

Inspección ocular por el Juez de Paz de San Isidro de Lules el día 20-07-2012

                        Desde Septiembre de 2012, los denunciados promueven daños intencionales como se puede observar en imagen más abajo (rotura de puerta de ingreso al terreno y caño manguera de agua). Producto de la no intervención de las autoridades competentes, la violencia se acrecienta cada vez más. Tal es así que el día domingo 21 de Octubre de 2012, a hs. 12:30, de manera agrupada, me amenazaron de muerte, y también amenazando con cometer el robo de postes y alambre el cual delimita de forma concreta el terreno de la comunidad con instalación de luz, agua y acopio de materiales de construcción, refrigerio para niños, donaciones de ropas para la comunidad, etc. La denuncia fue radicada en la comisaría de San Isidro de Lules por amenazas y tentativa de robo.

    
Daño intencional y luego se lo robaron


Daño intencional

      
Alambres robados por los agresores

                        En la noche del día viernes 26 de octubre de 2012, concretaron el robo con el que venían amenazando, haciendo desaparecer todo lo que se encuentra a la vista (postes, alambres, carteles, torniquetes, trabillas, etc.), elementos que delimitaban de forma concreta la posesión de la comunidad indígena. En el mismo momento procedieron a la destrucción de un caño manguera de ¾ que alimentaba el agua a la vivienda ubicada dentro del terreno. El mismo día, clausuraron arbitrariamente un camino vecinal con la instalación de una puerta de alambre que se observa en foto (abajo) con candado, impidiendo el ingreso de esta comunidad indígena a la mencionada vivienda.
                        Se radicó la denuncia correspondiente con la inspección policial a posterior del robo (inspección que se desarrolló el día domingo 28-10-2012 mientras en el lugar de los hechos todavía se encontraba el grupo demandado, ejerciendo palos y machetes que al ver a la policía salieron corriendo). Asimismo, se gestionó un amparo a la simple tenencia ante el Juzgado de Paz de San Isidro de Lules.

Camino vecinal clausurado arbitrariamente por los Arce.
                        Hasta la fecha, el poder judicial aún no tomó medidas de protección en el caso y por ende, los actos de vandalismos continúan su paso. Tal es así que el día viernes 09 de noviembre de 2012, a última hora, los demandados ingresaron nuevamente al terreno comunitario (foto abajo), provocando violación de domicilio y usurpación de propiedad con la introducción de animales y de labranzas de tierra removida, con el fin de quedarse allí y adueñarse arbitrariamente del terreno y de la vivienda.

                        Ante la ausencia de autoridades policiales y/o judiciales que eviten estos hechos ilícitos, el día Sábado 10 de noviembre de 2012, me apersone en el lugar en mi Carácter de Cacique de la comunidad, acompañado por 4 comuneros para tomar vista de los hechos de mala fe promovidos por parte de los demandados.
                        En el momento en que intentábamos reparar los daños ya producidos (se decidió colocar de nuevos los postes de alambrado para proteger la vivienda de la comunidad, tal como se encontraba originalmente) volvieron a aparecer los agresores (hombres, mujeres y niños) avanzando y destruyendo todo nuevamente, arrancando y robándose los postes, pero esta vez además con agresiones físicas y violencia en contra mi persona, con golpes de palos y piedras por parte de CARLOS FLORENCIO ARCE, PECHO PÉREZ, CESAR ARCE, de mujeres y niños que -lamentablemente- hacían de escudo a los agresores. Tuve que abandonar el predio a las corridas tras las lesiones físicas sufridas y amenazas de muerte, con ayuda de los comuneros: Patricio Pérez, Claudio Lencina, José Pérez y Sergio Pérez. Asimismo de la misma manera fue agredida físicamente la dirigente MAMANI MARGARITA con hematomas en su cuerpo, las cuales se puede observar en fotos a la vista, como también sufrió el manoseo en sus partes íntimas, por parte de Carlos Pérez (alias pecho) y Carlos Florencio Arce. El comunero JOSE PEREZ también fue golpeado, que luego fueron tomados como REHEN en la propia casa comunitaria por varias horas, que al llegar de manera sorpresiva la Policía de Raco, los agresores salieron corriendo a refugiarse en sus propios domicilios.

                        La violencia ejercida por los Arce y otros, continuo al día siguiente (Domingo 11 de noviembre de 2012) a hs. 16:00, cuando comuneros integrantes de esta Comunidad Indígena se apersonaron en la vivienda comunitaria para controlar, ya que en la misma se encuentra acopio de materiales, refrigerio y donaciones para niños de la Comunidad. En un segundo aparecieron violentamente: CARLOS FLORENCIO ARCE, CESAR ARCE, RAFAEL ARCE, JUAN CARLOS (ALIAS PECHO), LUCIA DOLORES ARCE, ORLANDO PÉREZ (ALIAS NEGRO DE PECHO), JULIÁN PÉREZ, NOEMÍ DÍAZ, GREGORIO DÍAZ, OSVALDA ARCE, GRISELDA PÉREZ, IVANA PÉREZ, y un grupo de menores de edad muñidos con palos y piedras; sin mediar palabras, todos los nombrados ingresaron a la propiedad de la comunidad y comenzaron a atacar al comunero PEDRO EDUARDO PÉREZ y a su Sra. esposa, con golpes de puños, pedrada y garrotazos. Al ser mayoría, el comunero JULIO TOLEDO trató de apaciguar y defender al matrimonio quienes estaban siendo brutalmente golpeados, y por lo consiguientes TOLEDO también fue lesionado con heridas en su cabeza. En medio de esto, apareció BENJAMÍN DÍAZ gritando a viva voz diciéndole: “te voy hacer acá matando hijo de puta” (dirigiéndose al comunero PEDRO EDUARDO PÉREZ), volvió corriendo a su casa y desde allí se vino corriendo con una escopeta de doble caño en dirección del comunero PEDRO PÉREZ. A unos quince metros antes de llegar al lugar de los hechos, remonto el arma con firme decisión de causarle la muerte a PÉREZ, desde allí gatilló y se escuchó el disparo. El comunero PEDRO EDUERDO PEREZ atinó a tirarse detrás de una barranca que colinda la pared de la vivienda comunitaria, salvándose de recibir el impacto. A posterior, el agresor fue reducido por otro comunero, SIMÓN PÉREZ, quien a través de un forcejeo convenció a Díaz de dejar el arma y entregarla a una señora que se encontraba en el lugar, mientras tanto, el comunero PEDRO EDUARDO PÉREZ y su esposa seguían siendo golpeados por los demás agresores.

Los hechos de agresiones físicas a dirigentes y comuneros indígenas ocurrieron dentro del predio que se encuentra ubicada la vivienda comunitaria, la cual se observa a la distancia.

                        El Viernes 23 de Noviembre de 2012, la Comunidad Indígena El Nogalito realizó un acto en donde, mediante Asamblea, la Comunidad recibió la carpeta técnica del Relevamiento Territorial dispuesto por la Ley N° 26.160 y su prorroga N° 26.554- El acto se llevó a cabo con la participación de autoridades provinciales y nacionales. Promediando la finalización del acto la Comunera VICTORIA CRUZ me relató en presencia de otros comuneros que días atrás escuchó decir de CARMEN PÉREZ (esposa de CARLOS ARCE y cocinera del establecimiento escolar de la escuela N° 222 El Nogalito), que los ARCE planearon poner el alambrado por la orilla de la ruta clausurando el camino vecinal y todas las entradas al terreno en cuestión para impedir que el cacique y dirigentes de esta Comunidad ingresáramos al terreno en cuestión, y que si cruzamos el alambrado nos meterían balas hasta causarnos la muerte.
                        Actualmente el grupo demandado, siguen promoviendo la violencia física y amenazas de muertes hacia mi persona y como también hacia dirigentes y comuneros más activos.
                        Si bien se encuentran en trámite una serie de causas penales por los hechos denunciados, lo cierto es que el accionar de la Justicia resulta insuficiente y de ninguna manera protege la violación de los derechos humanos básicos de los miembros de la Comunidad Indígena. Por los robos ocurridos se tramita la causa “ARCE CARLOS FLORENCIO Y OTROS S/ ROBO Y OTROS DELITOS (VICT. PEREZ MANUEL JOAQUÍN)”, que se tramita por ante la Fiscalía en lo Penal de Instrucción de la I Nom.; “ARCE CARLOS FLORENCIO Y OTROS S/ LESIONES Y OTROS DELITOS. (VICT. MANUEL JOAQUÍN PEREZ Y MARGARITA MAMANÍ)” EXPTE: 40.914/2012 y “ARCE CARLOS FLORENCIO Y OTROS S/ LESIONES Y AMENAZAS. (VÍCTIMAS: PEDRO EDUARDO PEREZ)”. EXPTE: 42.174/2012, estas dos últimas en Fiscalía en lo Penal de Instrucción de la II Nom.
                        El día miércoles 05 de Diciembre de 2012, en la comunidad El Nogalito, en el terreno en cuestión, se llevó a cabo la inspección ocular por el Juez de Paz San Isidro de Lules en el marco del juicio caratulado: Comunidad Indígena El Nogalito C/ Arce Carlos Florencio S/ Amparo a la Simple Tenencia, donde allí se pudo constatar el camino vecinal clausurados, el faltante del total de los alambrados, postes y carteles de la comunidad indígena ya constatados por el mismo Juez en fecha 20-09-12. Asimismo, en esta última inspección del día 05 de diciembre nos damos con la novedad de que los mismos agresores sustrajeron el medidor de luz con la columna que suministraba la vivienda comunitaria desde hace más de dos años. A posterior se radico la denuncia en la Comisaría de Lules que a la fecha no pudieron constatar, según ellos por falta de vehículos para llegar a la zona.

///Lo hecho es que hasta la fecha, ninguno de los agresores fueron notificados ni secuestradas las armas de fuego que se encuentran en poder de los mismos.  

                        3.- Sin perjuicio de la continuidad de la investigación por los delitos denunciados por ante el Poder Judicial en el marco de las causas detalladas precedentemente, solicito vuestra intervención humanitaria, solicitando a las fiscalías se investigue y se detengan a los agresores y se secuestren las armas que están en poder de los demandados y se requieran los informes pertinentes como también se coordinen acciones tendientes a promover la defensa de los Derechos Humanos de nuestros hermanos.

                        A la espera de una respuesta favorable a lo solicitado, los saludo muy atte.


Manuel Joaquín Pérez
Cacique General
Comunidad Indígena El Nogalito
Personería Jurid. INAI N° 006/03


sábado, 8 de diciembre de 2012

INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO DE EDUARDO FELLNER SOBRE TITULOS DE PROPIEDAD COMUNITARIA


Los representantes de  las comunidades de los Pueblos Kolla y Quechua pertenecientes a los Departamentos de Yavi, Cochinoca y Santa Catalina reunidos en Asamblea en la Ciudad de la Quiaca hoy jueves 6 de Diciembre de 2012.

MANIFESTAMOS:

Que luego de todo un año de reuniones entre Autoridades del Gobierno Provincial y autoridades tradicionales de los pueblos Kolla y Quechua en la que denominamos “Mesa de Diálogo”, por la regularización de nuestros territorios comunitarios, y después de creer que avanzarían nuestros expedientes en el actual programa PRIPCI, TERMINAMOS EL AÑO SIN NINGÚN TITULO DE PROPIEDAD COMUNITARIA.

      El Gobierno Provincial una vez más ha mentido por lo que repudiamos la falta de voluntad política del gobierno de la Provincia de Jujuy en la entrega de nuestros territorios.
·         Un año de promesas incumplidas que se suman a todos los años de lucha por nuestros territorios.
Informamos a la sociedad que nuevamente nos encontramos en estado de alerta y movilización y las acciones la definiremos en Asamblea de Pueblo.

BASTA DE MENTIRAS!!!....
TITULOS DE NUESTROS TERRITORIOS YA!!!... 
JALLALLA PUEBLO KOLLA!!!... KAWSACHUN PUEBLO QUECHUA!!!...

viernes, 7 de diciembre de 2012

PRONUNCIAMIENTO 7D DE LA MESA NACIONAL DEL CPI



La Mesa Nacional del Consejo Participación Indígena emitimos el siguiente documento para pronunciamos sobre el 7 de Diciembre ya que marca un hito importante en la historia de nuestra sociedad por cuanto exhortamos el respeto y aplicación de la ley N° 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ello repudiamos la prórroga de la medida cautelar promulgada por la Cámara Civil y Comercial N°1 a pedido del Grupo Clarín.

Esta nueva Ley, es  producto de un proceso social participativo que convoco a las distintas voces de nuestro país, incluido la de los Pueblos Originarios, esta nueva ley reemplaza a la ley de la Dictadura y de los Grupos Económicos y hegemónicos de Argentina, democratiza la comunicación, abriendo oportunidades para medios sociales y comunitarios, lo que antes estuvo invisibilizado por siglos.
El 7D marca un antes y un después, un antes en la historia de la que vivimos los Pueblos originarios y un después porque nos obliga a reconstruir la Pluriculturalidad y Plurinacionalidad que forjo esta Argentina que conformamos todos.

Todos tenemos que respetar y cumplir la nueva ley de Medios Audiovisuales ya que es un proceso plural en su participación cuestión que nunca antes hubo una definición de tal magnitud.
Esta definición representa el conflicto entre la democracia y las corporaciones, porque la voluntad popular y participación de toda la sociedad habrá logrado; la desmonopolización del los  medios ya que la nueva ley es la  herramienta legal que consagra la comunicación como derecho humano y garantiza la libertad de expresión, incluyendo el derecho de los pueblos originarios a la comunicación con identidad.

Mesa Nacional del CPI a los 7 días del mes de diciembre año 2012

miércoles, 5 de diciembre de 2012

JUEZA ORDENA EL DESALOJO DE FAMILIA INDIGENA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD



En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano. Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.

En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.

Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.

Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectares también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reune en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.

La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.

El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.

UNIÓN SOLIDARIA DE COMUNIDADES
USC
PUEBLO DIAGUITA CACANO

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Cumbre de Organizaciones Indígenas de Argentina


DOCUMENTO INDIGENA
Derechos Humanos para los Pueblos Originarios




Al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
A la sociedad argentina 
Al Estado Argentino
Al gobierno Federal y los gobiernos provinciales
A la sociedad argentina
A los hermanos y hermanas de los Pueblos Originarios en Argentina:
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        Representantes de Pueblos y Comunidades Indígenas del país, nos reunimos convocados por el Consejo Plurinacional Indígena en la ciudad de Buenos Aires, los días 18 y 19 de noviembre de 2012 y elaboramos la presente posición:
 
               Asumimos que nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión.               “Memoria, Justicia y Reparación” son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas. Nuestra realidad es un tema de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales. Evita debatir sobre derechos y profundiza su política económica basada en la industria extractiva. Como consecuencia directa de esto, en los últimos 3 años, casi una decena de hermanos indígenas fueron asesinados por fuerzas policiales por oponerse al avance de la soja y la industria extractiva, sobre territorios ancestrales de esos pueblos. 
 
               Más de mil líderes indígenas y campesinos en todo el país están siendo judicializados y procesados por defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas y el agro negocio de la soja, y es extremadamente preocupante la continua represión en contra de líderes indígenas y del campo popular en casi todo el país. 
 
Si bien el argumento que utiliza el gobiernos es la responsabilidad de los Estados provinciales en estos conflictos, la alianza de Cristina con lo peor de los gobiernos represores: Gildo Insfran, Gioja, Sapag, Insfran, Beder Herrera, es indiscutible. 
 
 
 
¡Sí al Agua, No a la industria extractiva!
 
               El saqueo y la contaminación que producen la Megaminería y la explotación hidrocarburífera destruyen nuestros territorios. Las explosiones de toneladas de roca y la diseminación del polvo por medio de los vientos, produce lo que se llama “lluvia ácida”. A su vez, se manifiesta la contaminación de los cursos de agua cercanos y las enfermedades, como cáncer, de nuestros hermanos.   El aumento de la explotación minera aumentó de más un de un mil por ciento en los últimos años. La presidenta misma se reunió con una de las más grandes y cuestionadas compañías mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold, responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama, ubicada en los límites de Chile y Argentina. Planea entrar en producción en el 2013. Trabajará a cielo abierto y para ello según los estudios de impacto ambiental, provocará deshielos de los glaciares existentes en el área, contaminará ríos y napas acuáticas subterráneas.
               
               De la misma manera, la explotación hidrocarburifera y su carga mortal, tiene un nuevo nombre hoy: Frabcking. Una nueva técnica de agujerar nuestro territorio  y descargar explosiones en busca del gas no-convencional. En todos estos casos la opinión ciudadana no es tenida en cuenta, actuando el Estado con toda impunidad. En los lugares donde se encuentran estas empresas, los pueblos y vecinos se movilizan contra el enorme daño a la  madre tierra, a la salud de la población, el agua y el nulo beneficio que las minas nos dejan. A modo de ejemplo, el relator de las ONU visitó la comunidad de Salinas Grandes en Jujuy, por la explotación del Litio que afecta a comunidades del pueblo Kolla y denunciaron la inconsulta explotación en sus territorios.
 
Nosotros, entonces, decimos ¡NO a este modelo! No al “progreso” que se basa en destrucción y muerte. No al modelo que nos despoja de nuestros territorios y no permiten desarrollar Planes de Vida, Kvme Felen o el Sumaj Kawsay, Sumaj Kamaña o ShotoTayte Anen, Inanbi Atey (Warpe), Jeiko Pora (Mbya), Nkalaxa, Onai Dakatoiak (Qom), (Pilaga), N’otamsek (wichi), Buen Vivir de nuestras comunidades.  
 Proyecto sobre la Propiedad Comunitaria Indígena en el nuevo Código Civil
El Congreso Nacional va aprobar este año un nuevo Código Civil. Más allá de la propaganda sobre la inclusión de nuestros derechos y del respeto a la diversidad cultural en el nuevo CC, lo concreto es que atenta contra la base de nuestro desarrollo cultural que son nuestros territorios y derechos fundamentales que no fueron tomados en cuenta al momento de pretender incluirnos. Por esa razón los Pueblos Originarios del país estamos en alerta y movilización porque los siguientes derechos NO serán incluidos en el texto a aprobar:
·         Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del título V en el anteproyecto de ley, se realizó sin ningún tipo de consulta.
·         Personería de Derecho Público: No hay señales de que el congreso haya escuchado la voz casi unánime de las comunidades y pueblos originarios que en todas las audiencias rechazaron este nuevo código, porque manipula nuestros derechos. Aun las mismas organizaciones aliadas de la política gubernamental han apoyado la demanda de personería de derecho público para las comunidades y los pueblos como única garantía de vivir en libertad en relación a nuestra cultura y territorios. A pesar de este clamor, hay evidencia de que no se incorporara este derecho en el nuevo código civil.
 Consentimiento previo e informado: Se han realizado decenas de audiencias públicas en el país, convocadas por la bicameral a cargo de la discusión del anteproyecto de reforma del CC. Estas audiencias no tienen efecto vinculante. Se eludió la obligación estatal de aplicar la consulta como mecanismo para obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de las comunidades de los Pueblos Originario. El estado nacional a través del INAI y de su presidente ha reafirmado que está dispuesto a reconocer la consulta, pero no a reconocer el consentimiento como derecho, porque “… interfiere o condiciona el diseño o modelo económico del país…”   
La posición de las organizaciones y comunidades indígenas en todo el país ha sido casi unánime sobre la inconstitucionalidad de la inclusión de la propiedad Comunitaria en esta reforma. Y también hemos sido claro sobre la necesidad de suprimir el titulo sobre Propiedad Comunitaria en el actual Código a aprobarse y que dicho tema sea fruto de una Ley Especial, que se debe debatir con participación y consulta previa a los Pueblos Indígenas.
Hasta que se debata y se dicte esa Ley especial, se aplicaran las normas constitucionales y de los tratados internacionales, en las condiciones de su vigencia, de conformidad con los art. 31 y 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional.
El Plan Estratégico Agro-alimentario:

La presidenta Cristina Fernández presentó en octubre del 2011 un Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario por diez años. Producirá hacia el año 2020 un aumento del 50 % de la producción que actualmente está sobre 100 millones de toneladas de granos. En su informe no mencionó específicamente cómo se va a llegar a ese espectacular aumento de

producción. Sí afirma que se avanzara sobre 9 millones de tierras más para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria –vital para los Pueblos Originarios y campesinos y también para la población en general–. En estos momentos son las empresas las que deciden que tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción (sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos).


Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, desmonte,  contaminación y desplazamiento de población.
 
Ataque a nuestra soberanía alimentaria: 

La nueva ley de semillas impulsada desde el gobierno nacional viene a profundizar el actual modelo productivo basado en el agronegocio, la biotecnología y el monocultivo. Es decir, el Estado está más preocupado por complacer a las corporaciones internacionales, como Monsanto, y al modelo productivo envenenador y de desposesión de territorios y bienes comunes. En Argentina, por ejemplo, se utilizan, aproximadamente, 200 millones de litros de glifosato por año, un potente agrotóxico que puede llegar a matar directamente a una persona.
 
El desarrollo del modelo, a su vez, lleva a producir 18.000.000 de hectáreas de soja forrajera destinada en más del 90% de ella a la exportación para alimentar los animales de Europa y Asia. En este contexto de destrucción de los ambientes naturales y de los territorios, las empresas y el Estado, mediante la patentización de las semillas, lejos de proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales, fomentan la privatización de los saberes y originan una “agricultura sin agricultores”. De esta manera, para las organizaciones originarias y campesinas, el modelo es un ataque a nuestra soberanía alimentaria porque afecta la producción de alimentos en armonía y respeto con el ambiente y la salud.

 
Muertos de la democracia:
Este modelo que nos exigen defender, ha dejado casi una decena de muertos en nuestros territorios. Mártires de nuestra causa sin nombre ni apellidos, sin culpables, sin condenas. Porque así somos de invisibles.  Néstor Kirchner quedo consternado, por lo que se considera la muerte del primer militante social en su etapa de gobierno, perteneciente al Partido Obrero. ¿Quien demuestra dolor, indignación, consternación o al menos la curiosidad de quienes son nuestros muertos?  Y son muertos de esta gestión. De estos últimos 3 años… ¿Como decirle a nuestras familias que somos parte de este país y de esta democracia?
Queremos decirle a:
·         Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009. 
·         Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.
·         Esperanza Nieva: Abuela Diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán). Muerta a golpes de manera violenta en su propia casa, en proceso de luchas y reclamos territoriales y luego de participar de la histórica Marcha Indígena del Bicentenario.
·         Roberto López, Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2011. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.
·         Mario López, dirigente del pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente sino un atentado.
·         Mártires López, histórico y activo dirigente Qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”. 
·         Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
     ·         Miguel Galván. Asesinado el 10 de octubre de 2012.   Queremos decirle… que la muerte de Uds. no ha sido en vano, sino que los tenemos presentes en nuestras luchas de cada día y lograremos que se haga justicia con sus asesinos. Y reivindicaremos también los derechos humanos colectivos de los pueblos originarios que hasta ahora han sido negados.
 Ley Antiterrorista
 
Para terminar el año 2011, el gobierno de Cristina Fernández estrenó un nuevo congreso con mayoría absoluta, los legisladores oficialistas votaron a la medianoche, casi sin discusión y con una verticalidad sorprendente, una ley muy controvertida y contradictoria enviadas por el Poder Ejecutivo; la ley Antiterrorista 



Un proyecto que casi nadie conocía, causó mucha sorpresa pues en Argentina no existe el terrorismo. A pesar de su discurso anti hegemónico, el gobierno cedió ante la presión del GAFI, Grupo de Acción Financiero Internacional, (GAFI) como condición “para considerar a Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas”. Sin definir lo que es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley, el Congreso aceleró el tratamiento por la madrugada e inclusive distorsionó el eje central de la ley al mencionarla como “Ley en contra del lavado de dinero”. Para tal efecto se modificó el Código Penal y en algunos de sus párrafos menciona al “derecho del estado a reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes lo financien”. Así, incorpora una nueva agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno de abstenerse de tomar determinada decisión” (…).


Algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicará a las protestas sociales. Para los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que rechazaron esta ley, implica agravar la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por sus derechos y aquellos que apoyan, generando las condiciones para la criminalización de la protesta.”  Para el reconocido juez de la Corte Suprema de Justicia Dr. Raul Zaffaroni, esta ley “…es un disparate, una extorsión “ (…) El GAFI se toma atribuciones que no le corresponden”, expresó. 
 
Las Leyes que sólo quedan en el papel
 
               La ley de Protección de los Bosques, una ley defendida por las luchas y las asambleas ambientales y las comunidades indígenas, no se aplica con rigor. En ese sentido, denunciamos los sistemáticos desmontes avalados por los gobiernos provinciales para “preparar el terreno” a la producción de soja transgénica y tiene su correlato en el despojamiento de territorios de las familias indígenas y campesinas. 
 
               La Ley de Emergencia Territorial (26.160 del año 2006) ley demandada por los Pueblos Indígenas y cuya prorroga finaliza el año que viene, suspende el desalojo de sus territorios ancestrales y decreta hacer un relevamiento de los mismos. Esto no se cumple y decenas de comunidades son desalojadas y otras se encuentran en permanente amenaza. Desde la Auditoria General de la Nación (AGN) se ha denunciado corrupción y gastos sin rendir en la administración de este Programa.
               
               Por otra parte, el nivel de desnutrición en las comunidades, sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy es crítico: niños y ancianos mueren por falta de alimentación. A su vez, se detectan enfermedades que se consideran erradicadas como ejemplo como tuberculosis, chagas y dengue. 
 
                                                                                              
Intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones
 
               El gobierno de Cristina Fernández se ha negado sistemáticamente a discutir políticas públicas con los pueblos originarios. Es irritante e inaceptable la intromisión en la política interna de las organizaciones de los Pueblos Originarios por parte del estado

a través del Instituto de Asuntos Indígenas, INAI y la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente Nacional. 
 
  
               La creación y participación indígena en la ejecución de políticas indígenas en el Estado, ha sido una demanda de los Pueblos Indígenas desde que nos reunimos con Nestor Kirchner en el       2004. Lo que debería ser un avance político,  se ha devaluado corrompido al punto que solo son       espacios para intervenir y buscar quebrar o fragmentar a organizaciones que tradicionalmente estaban unidas, en pro de mantener acallada la voz indígena a cambio de favores económicos. 
               
               Otro tema muy importante es la polarización de los medios de comunicación entre la derecha tradicional y los medios afines al gobierno. En definitiva, los pueblos originarios, los campesinos o trabajadores que mantienen una posición crítica o en defensas de sus derechos, se les niega el espacio de participación para visibilizar sus posiciones y propuestas. Y quedamos entrampados entre el monopolio empresarial y el monopolio gubernamental cuando se habla de comunicación.
               
               En conclusión, sostenemos que en una verdadera democracia se trabajaría para     reconocer y solucionar todas estas problemáticas. La agenda presentada con motivo de la Marcha Indígena por el Bicentenario aún espera una respuesta a favor de la justicia para los pueblos originarios y no políticas que favorezcan al modelo agro-minero y a la explotación irresponsable de los mal llamados “recursos naturales”.| 
               
               Por estas razones, los Pueblos Originarios necesitamos encontrar una respuesta a nuestras propuestas y estamos dispuestos a recomenzar un diálogo que tenga significado e impacto positivo en la vida de nuestros pueblos. No vamos a renunciar a derechos ganados en décadas de lucha que han costado la vida de nuestros ancestros y no vamos a permitir  que haya un sólo muerto más por este modelo!.



Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!!
BsAs, 18 de Noviembre de 2012


-Elias Maripan   REGION SUR
-Paz Argentina Quiroga    REGION CUYO
-David Sarapura    REGION NORTE
-Nestor Juan Angel     REGION CHACO
-Juan Carlos Ramirez     REGION NEA

(…siguen firmas de todas las Autoridades Tradicionales y representantes de comunidades y naciones originarias de todo el país presentes…)